January 16, 2015
César López Dávila
Director Ejecutivo de ASDEICE
Desde abril del 2014 a la fecha, Costa Rica vive un momento político singular producto de más de dos décadas en las que, desde los movimientos sociales, se ha sabido accionar tanto en defensa de los derechos sociales y laborales de las y los trabajadores, como en defensa de la institucionalidad que ha jugado un papel clave en la calidad de vida de las y los costarricenses.
Tal accionar desde el terreno de lo social (el cual ha acompañado el derecho a disentir con argumentación y propuestas) logró acumular las condiciones para que, sobre la base del descontento de una gran parte de la población ante la corrupción y las políticas neoliberales impulsadas en los últimos 25 años por la clase política tradicional, se generara en nuestro país el comportamiento del electorado necesario para cristalizar un avance político perceptible en la pasada segunda ronda de las elecciones presidenciales: la llegada a la primera magistratura del país de un académico procedente de un lugar social diferente al de los últimos gobernantes.
Dicho acontecimiento no es para nada una circunstancia aislada, sino un resultado coyuntural de esas largas jornadas de resistencia cívica de amplios sectores de la población. Sin embargo, su llegada a la máxima posición ejecutiva del país se da en medio de al menos dos hechos a considerar: a) su administración cuenta con una minoría en la Asamblea Legislativa (sólo 13 de 57 diputados), esto lo ha obligado a hacer alianzas con actores partidarios de visiones encontradas como lo son el Frente Amplio y un PUSC ambivalente con algunas posiciones cercanas a las de las cúpulas empresariales; y b) su llegada al poder formal (es decir, ese legal, democráticamente otorgado) no cuenta del todo con la venia del poder real, de la verdadera hegemonía política dominante (aquella que planifica, decide e incide en los destinos del país desde lugares menos visibles), la de los pequeños pero poderosos grupos que concentran el poder del capital.
Desde esas esferas del poder real es desde donde más se ha presionado al presidente Solís; primero mediante el asedio a sus principales operadores políticos, luego mediante la construcción y circulación del discurso de su "incapacidad para gobernar" a partir del corte de sus 100 días de gobierno. En efecto, quienes desde sus "suites del barrio alto" han tenido en sus manos los destinos del país durante las últimas décadas, no están quietos y buscan cómo revertir las condiciones electorales que, de profundizarse, condenarían a la extinción su modelo de país.
Espantados ante cualquier posibilidad de que el país retome el camino de las reformas sociales de los años cuarenta o mire hacia la plural corriente de gobiernos progresistas que ha transformado para bien nuestra Latinoamérica, el pasado 3 de noviembre, la cúpula del poder real habló en voz alta en el foro “Costa Rica: ¿Hacia dónde vamos?”, organizado por la Revista Summa. Banqueros, economistas empresarios y políticos se dieron cita en el Hotel Barceló San José Palacio para, según su criterio, "evitar que el país caiga en un caos económico, político, y social".
Su estrategia ha sido clara: reagrupar un sector parlamentario que articule sus intereses en la Asamblea Legislativa y cercar el accionar del Presidente, en busca de que no se ejecute ningún cambio en la política económica que han venido aplicando. Quizá por ello aplaudieron con regocijo exquisito, el desteñido accionar de la administración Solís Rivera con respecto a la justa y decente huelga liderada por las y los trabajadores portuarios, pues lo que sucede en Limón con APM Terminals es una discusión aún pendiente sobre nuestro modelo de desarrollo.
En su afán porque nada cambie en una Costa Rica cada vez más desigual, la cúpula neoliberal no ocuparía hablar en voz alta, pues lo que se ve no se pregunta. Instaurado el cerco presidencial mediante el ataque a sus figuras operativas y reagrupados en el Parlamento, echaron a andar sus latifundios mediáticos. Así, articulados como en desfile, salieron al paso de la política salarial del gobierno activando sus voces legislativas en una empecinada campaña de desprestigio contra el empleo público y, distorsionando las causas de la situación fiscal, propusieron recortes multimillonarios al presupuesto nacional, orientados a atar de manos a la administración Solís.
En lo económico, está en manos del Presidente Solís la decisión de sucumbir ante las presiones del poder real y ceder a algunos de sus intereses, o seguir adelante con la nueva era que anunció en su discurso de la victoria, impregnando un rostro humano a la política económica del país. Mientras tanto por nuestra parte, en el terreno de los movimientos sociales, el proceso de organización tampoco debe detenerse. El 2014 vio nacer a la vida política a Patria Justa como un conglomerado de organizaciones sindicales que reivindica una agenda patriótica de grandes temas país relacionados con la redistribución de la riqueza y la promoción del bien común.
Así las cosas, las decisiones sobre el bienestar de la mayoría pasan cada vez más por la resolución de dos perspectivas contrapuestas sobre el modelo de desarrollo: la de la cúpula empresarial basada en el lucro sobre la base de la desigualdad, el culto al mercado y el individualismo frenético; y la de quienes creemos en la dignidad inviolable de la persona humana, en la primacía del trabajo sobre el capital y en el rol clave de los servicios estatales de seguridad social, educación, energía, como garantes de la calidad de vida de los y las costarricenses.
De momento el presidente ha honrado su palabra. Su decisión de no impulsar la cogeneración privada de electricidad y el retiro del veto de la reforma procesal laboral son sin duda avances para esta última visión de desarrollo. Pero la moneda está en el aire. La cúpula empresarial no tardará en reaccionar y el panorama podría cambiar a su favor de lograr su objetivo de hacerse con la presidencia del congreso en este 2015 para activar desde ahí sus planteamientos.
Por nuestra parte, en el campo de los movimientos sociales, el reto sigue siendo generar las condiciones capaces de lograr que el descontento de miles y miles de costarricenses transite de comportamiento electoral volátil a fuerza social organizada, necesaria para el nacimiento, desde abajo, de la nueva hegemonía que el momento histórico requiere para enterrar de una vez y para siempre la república neoliberal, en busca de una Costa Rica para todas y todos.
Director Ejecutivo de ASDEICE
Desde abril del 2014 a la fecha, Costa Rica vive un momento político singular producto de más de dos décadas en las que, desde los movimientos sociales, se ha sabido accionar tanto en defensa de los derechos sociales y laborales de las y los trabajadores, como en defensa de la institucionalidad que ha jugado un papel clave en la calidad de vida de las y los costarricenses.
Tal accionar desde el terreno de lo social (el cual ha acompañado el derecho a disentir con argumentación y propuestas) logró acumular las condiciones para que, sobre la base del descontento de una gran parte de la población ante la corrupción y las políticas neoliberales impulsadas en los últimos 25 años por la clase política tradicional, se generara en nuestro país el comportamiento del electorado necesario para cristalizar un avance político perceptible en la pasada segunda ronda de las elecciones presidenciales: la llegada a la primera magistratura del país de un académico procedente de un lugar social diferente al de los últimos gobernantes.
Dicho acontecimiento no es para nada una circunstancia aislada, sino un resultado coyuntural de esas largas jornadas de resistencia cívica de amplios sectores de la población. Sin embargo, su llegada a la máxima posición ejecutiva del país se da en medio de al menos dos hechos a considerar: a) su administración cuenta con una minoría en la Asamblea Legislativa (sólo 13 de 57 diputados), esto lo ha obligado a hacer alianzas con actores partidarios de visiones encontradas como lo son el Frente Amplio y un PUSC ambivalente con algunas posiciones cercanas a las de las cúpulas empresariales; y b) su llegada al poder formal (es decir, ese legal, democráticamente otorgado) no cuenta del todo con la venia del poder real, de la verdadera hegemonía política dominante (aquella que planifica, decide e incide en los destinos del país desde lugares menos visibles), la de los pequeños pero poderosos grupos que concentran el poder del capital.
Desde esas esferas del poder real es desde donde más se ha presionado al presidente Solís; primero mediante el asedio a sus principales operadores políticos, luego mediante la construcción y circulación del discurso de su "incapacidad para gobernar" a partir del corte de sus 100 días de gobierno. En efecto, quienes desde sus "suites del barrio alto" han tenido en sus manos los destinos del país durante las últimas décadas, no están quietos y buscan cómo revertir las condiciones electorales que, de profundizarse, condenarían a la extinción su modelo de país.
Espantados ante cualquier posibilidad de que el país retome el camino de las reformas sociales de los años cuarenta o mire hacia la plural corriente de gobiernos progresistas que ha transformado para bien nuestra Latinoamérica, el pasado 3 de noviembre, la cúpula del poder real habló en voz alta en el foro “Costa Rica: ¿Hacia dónde vamos?”, organizado por la Revista Summa. Banqueros, economistas empresarios y políticos se dieron cita en el Hotel Barceló San José Palacio para, según su criterio, "evitar que el país caiga en un caos económico, político, y social".
Su estrategia ha sido clara: reagrupar un sector parlamentario que articule sus intereses en la Asamblea Legislativa y cercar el accionar del Presidente, en busca de que no se ejecute ningún cambio en la política económica que han venido aplicando. Quizá por ello aplaudieron con regocijo exquisito, el desteñido accionar de la administración Solís Rivera con respecto a la justa y decente huelga liderada por las y los trabajadores portuarios, pues lo que sucede en Limón con APM Terminals es una discusión aún pendiente sobre nuestro modelo de desarrollo.
En su afán porque nada cambie en una Costa Rica cada vez más desigual, la cúpula neoliberal no ocuparía hablar en voz alta, pues lo que se ve no se pregunta. Instaurado el cerco presidencial mediante el ataque a sus figuras operativas y reagrupados en el Parlamento, echaron a andar sus latifundios mediáticos. Así, articulados como en desfile, salieron al paso de la política salarial del gobierno activando sus voces legislativas en una empecinada campaña de desprestigio contra el empleo público y, distorsionando las causas de la situación fiscal, propusieron recortes multimillonarios al presupuesto nacional, orientados a atar de manos a la administración Solís.
En lo económico, está en manos del Presidente Solís la decisión de sucumbir ante las presiones del poder real y ceder a algunos de sus intereses, o seguir adelante con la nueva era que anunció en su discurso de la victoria, impregnando un rostro humano a la política económica del país. Mientras tanto por nuestra parte, en el terreno de los movimientos sociales, el proceso de organización tampoco debe detenerse. El 2014 vio nacer a la vida política a Patria Justa como un conglomerado de organizaciones sindicales que reivindica una agenda patriótica de grandes temas país relacionados con la redistribución de la riqueza y la promoción del bien común.
Así las cosas, las decisiones sobre el bienestar de la mayoría pasan cada vez más por la resolución de dos perspectivas contrapuestas sobre el modelo de desarrollo: la de la cúpula empresarial basada en el lucro sobre la base de la desigualdad, el culto al mercado y el individualismo frenético; y la de quienes creemos en la dignidad inviolable de la persona humana, en la primacía del trabajo sobre el capital y en el rol clave de los servicios estatales de seguridad social, educación, energía, como garantes de la calidad de vida de los y las costarricenses.
De momento el presidente ha honrado su palabra. Su decisión de no impulsar la cogeneración privada de electricidad y el retiro del veto de la reforma procesal laboral son sin duda avances para esta última visión de desarrollo. Pero la moneda está en el aire. La cúpula empresarial no tardará en reaccionar y el panorama podría cambiar a su favor de lograr su objetivo de hacerse con la presidencia del congreso en este 2015 para activar desde ahí sus planteamientos.
Por nuestra parte, en el campo de los movimientos sociales, el reto sigue siendo generar las condiciones capaces de lograr que el descontento de miles y miles de costarricenses transite de comportamiento electoral volátil a fuerza social organizada, necesaria para el nacimiento, desde abajo, de la nueva hegemonía que el momento histórico requiere para enterrar de una vez y para siempre la república neoliberal, en busca de una Costa Rica para todas y todos.
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